domingo, 23 de febrero de 2025

Aluvión de críticas y miedos con la factura electrónica para pymes y autónomos: cuándo será obligatorio y cuánto cuesta

 

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Pronto las pymes tendrán que adaptarse a las nuevas facturas electrónicas, y algo más tarde los autónomos. 

Las pymes y autónomos deben adaptarse a VeriFactu antes del 1 de julio de 2025 en un caso de negocios de mayor facturación y 2026 para el resto y los autónomos.

Un software de facturación puede suponer una inversión inicial de 2.000 euros, más entre 10 y 15 euros mensuales en mantenimiento, pero deberían de ser gratuitos. 

A las preocupaciones habituales de autónomos y pymes, tanto en el día a día como en la fiscalidad y legislación, se suma otro requisito que llegará en breve para los negocios y algo más tarde para los autónomos: la factura electrónica. Ya se han alzado voces ante los inconvenientes y gasto que puede suponer todo ello, pero la decisión de Hacienda es definitiva y habrá que adaptarse. 

Las pymes y autónomos españoles se enfrentan a una transformación digital obligatoria que aún pocos han previsto, pero es que no queda nada: a partir del 1 de julio de 2024, todas las empresas deberán contar con un software de facturación compatible con el sistema VeriFactu de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la falta de preparación es alarmante: solo un 7% de las pequeñas empresas están listas para adaptarse a la normativa. 

Esta obligación deriva de la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude, que buscan reducir la morosidad y combatir la economía sumergida. No obstante, para miles de negocios, este cambio representa un reto financiero y operativo que podría afectar su viabilidad, y que ya están denunciando. 

VeriFactu y la Ley Crea y Crece: lo que debes saber

La Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, establece que todas las empresas y autónomos deberán emitir facturas electrónicas en sus operaciones comerciales. Sin embargo, la entrada en vigor varía según la facturación: las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año deberán adaptarse en 2025, mientras que el resto de empresas y autónomos tendrán hasta 2026 para cumplir con la normativa.

La Ley Antifraude, por su parte, exige que los negocios dispongan de un software de facturación homologado que garantice la remisión instantánea de facturas a la Agencia Tributaria. Aunque esta transmisión no será obligatoria de inmediato, se prevé que el plazo pueda extenderse en función del desarrollo tecnológico.

El objetivo es claro: combatir el fraude fiscal mediante un sistema digital que evite la manipulación de facturas y garantice una trazabilidad total de las operaciones comerciales. Habrá un control en tiempo real, de ahí que siempre tenga que ser compatible con el sistema de la Agencia Tributaria. 

Digitalización a marchas forzadas: el impacto en pymes y autónomos

Pese a los beneficios potenciales de la digitalización, la transición no será sencilla. El 50% del mercado español aún no está digitalizado, y según el Informe Emprende, muchas empresas siguen utilizando métodos tradicionales: en plena era ya no digital, sino de Inteligencia Artificial, el 19% gestionan su facturación con hojas de cálculo y el 13% todavía emplean papel y lápiz.

José Rodríguez Ansaldi, finance product lead de Holded, apunta en el diario El Debate que la clave está en la colaboración con gestorías para facilitar la adopción del nuevo sistema. Sin embargo, el coste es un factor determinante: un software de facturación puede suponer una inversión inicial de 2.000 euros, más entre 10 y 15 euros mensuales en mantenimiento, pero la legislación establece que tanto el envío y recepción de facturas, como las comunicaciones con la Agencia Tributaria deben ser gratuitas. 

Los sectores más afectados

Algunos sectores, como la hostelería y el comercio minorista, están especialmente preocupados. En negocios donde las transacciones suelen ser de bajo importe y alto volumen, la obligación de generar facturas electrónicas podría ralentizar la operativa diaria. Además, sectores con altas tasas de devoluciones, como el textil, también se enfrentan a la incertidumbre de la gestión de facturas rectificativas.

Problemas de liquidez y el riesgo de cierre de negocios

Más allá de la complejidad operativa, el impacto económico de esta transición es significativo. Según el barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos, 700.000 pymes cerraron en pérdidas en 2023 y 600.000 aún presentan problemas de liquidez, mientas que el 26% de las empresas incrementó su endeudamiento. 

Desde Conpymes advierten que la situación financiera de muchas pequeñas empresas es crítica, y el año 2025 podría ser la "puntilla" para miles de negocios que operan con márgenes ajustados, y esa "puntilla" podría ser la facturación electrónica, o la menos un clavo más en el "ataúd". 

¿Cómo pueden adaptarse las pymes al nuevo sistema de facturación?

Existen soluciones para que las empresas y autónomos afronten este cambio sin comprometer su estabilidad financiera. Lo primero es informarse sobre la normativa, comprender los requisitos de VeriFactu y la facturación electrónica para evitar sanciones futuras.

El siguiente paso es buscar opciones de software asequibles. Hay programas de facturación gratuitos que cumplen con la normativa, ideales para pequeños negocios con bajo volumen de facturación. 

Contar con asesoramiento especializado puede facilitar también la transición y optimizar la gestión fiscal, además de aprovechar subvenciones, como las ayudas del Kit Digital y otros programas de financiación para la digitalización de empresas.

 

jueves, 20 de febrero de 2025

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